viernes, 10 de octubre de 2014

Rescisión garantías "intragrupo" (II): ST del TS de 24 de julio de 2014.

Tuvimos ocasión hace unos meses de comentar una sentencia del TS relativa a la rescisión concursal de las garantías prestadas entre las sociedades del grupo [VER ENTRADA ANTERIOR]. De nuevo hoy dejamos reseñada otra sentencia del TS de 21 de julio de 2014 en al que, de nuevo, se enjuicia la rescindibilidad de una ampliación de hipoteca en garantía de deuda que una sociedad (que posteriormente  fue declarada en concurso) tenía con otra sociedad del grupo. El juzgado en primera instancia estima la demanda de rescisión de la operación de ampliación de hipoteca sobre la base del artículo 71 LC porque la ampliación de hipoteca se había producido en los dos años posteriores a la declaración de concurso de la sociedad. Las instancias posteriores confirman la sentencia Se alega por la sociedad que no existe perjuicio patrimonial  porque había confusión de patrimonios entre las sociedades, que según manifestaciones de ellas mismas, pertenecen a un mismo grupo sometido a una unidad de dirección.
Las Sala afirma

Como señalábamos en la STS 100/2014, de 30 de abril " De acuerdo con el régimen de las acciones de reintegración de la Ley Concursal, las garantías reales sobre bienes inmuebles, como es el caso de la hipoteca, prestadas por el deudor concursado en los dos años anteriores a la declaración de concurso pueden ser objeto de rescisión cuando constituyan un acto de disposición a título gratuito pues en tal caso el perjuicio para la masa se presume sin que sea admisible prueba en contrario ( art. 71.2 de la Ley Concursal); cuando constituyan un acto de disposición a título oneroso realizado a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado o se hayan constituido a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas, y no se pruebe la falta de perjuicio patrimonial (art. 71.3.1º y 2º); y, en general, cuando se pruebe que han causado un perjuicio para la masa activa .

Posteriormente la Sala matiza que en el caso concreto concurren dos circunstancias muy relevantes:
a) En el momento en que se otorga la garantía hipotecaria por parte de una sociedad del grupo por una deuda de otra sociedad del grupo, no existe una correspectiva prestación a favor de la hipotecante. No existe la contextualidad o simultaneidad de actos o contratos (prestaciones), por los que pudiera calificarse la garantía concedida como un acto oneroso. En el presente caso, al no recibir nada a cambio la hipotecante no deudora, la operación hipotecaria es un acto dispositivo a título gratuito, conforme previene el art. 71.2 LC
b) La ampliación de la garantía por deuda ajena que se pretende rescindir fue prestada por TALLERES a favor de BOSCH, al objeto de que ésta siguiera suministrando a favor de la filial, EMILIANO ARENAZ SL. Pero la garantía se prestó por "obligaciones preexistentes" ( art. 71.3.2º LC ), sin que la hipotecante no deudora recibiera nada a cambio en el acto de su otorgamiento. Aún admitiendo, como reconoce la sentencia, que existe grupo por la unidad de dirección (grupo vertical y participativo), la hipoteca no garantizaba un suministro futuro (de tratarse de una hipoteca de máximo, si se prefiere, ex art. 158 bis LH ), lo que podría haber destruido la noción de perjuicio. Se trata en el caso enjuiciado de una hipoteca de reconocimiento de deuda y ampliación de la garantía hipotecaria. Se otorga en garantía exclusivamente de obligaciones preexistentes sin que nada recibiera a cambio la hipotecante no deudora. Luego la garantía debe rescindirse, bien porque se da el supuesto del art. 71.2 LC , por tratarse de una garantía gratuita, bien porque, se trata de garantizar con hipoteca " obligaciones preexistentes" ( art. 71.3.2º LC ) sin que se haya destruido la presunción de perjuicio, que incumbía, en su caso, a la parte demandada.



miércoles, 8 de octubre de 2014

Interesante cuadro comparativos de los artículos de la LC reformados (página de registradores y notarios)

Os dejamos un interesante cuadro comparativo (disponible en la página de registradores y notarios) con el texto refundido de los artículos recientemente reformados de la Ley concursal.
CUADRO COMPARATIVO.


lunes, 6 de octubre de 2014

Sigue la jurisprudencia sobre las diferencias entre el contrato de agencia y el de mediación. ST del TS de 30 de julio de 2014

Ya nos hemos referido en dos ocasiones a sentencias del Supremo que analizan las diferencias entre el contrato de agencia y el contrato de mediación o corretaje. En la primera de ellas (ST del TS de 10 de enero de 2011) se analizó la improcedencia de que un mediador reclamara las indemnizaciones previstas legalmente para el agente [VER COMENTARIO]. En la segunda de ellas (ST del TS de 9 de noviembre de 20111) el Supremo se pronunció sobre el criterio de la estabilidad en la relación contractual para diferenciar un contrato de otro [VER COMENTARIO]. Hoy reseñamos una nueva sentencia del TS de 30 de julio de 2014 en la que se nuevamente se reflexiona sobre las diferencias de estos dos contratos. En el caso enjuiciado, un mediador (vinculado por un contrato de "autorización de venta") reclama la comisión por una operación en la que alega haber intervenido con anterioridad a la conclusión de la misma, si bien posteriormente intervino otra agencia. 
El Tribunal nos recuerda que en el contrato de mediación es esencial obtener un resultado final, con independencia de la que para ello sea preciso poner en contacto a las partes: Además afirma que «la mediación se consuma cuando se otorga o perfecciona por el concurso de la oferta y la aceptación el contrato a que tiende la mediación, o en términos de la STS de 20-5-2004 , el derecho a percibir la comisión surge cuando los actos inequívocos de mediación cristalizan en la operación en la que intervino el agente» . Sigue afirmando que «la función del agente es predominantemente pregestora, sin obligarse a responder del buen fin de la operación, salvo pacto especial de garantía, siendo evidente que su contenido obligacional incluye la retribución de los servicios del agente por parte de quien formula el encargo, tanto si el negocio se realiza con su intervención inmediata, como cuando el comitente se aprovecha de su gestión para celebrarlo directamente» ( SS TS 18/12/86 , 03/01/89 , 11/02/91 , 23/09/91 )»
En definitiva, el contrato de mediación es un contrato de resultado y no de medios. El derecho a la percepción nace con la conclusión de la operación. Precisamente en al práctica, en numerosos contratos de mediación, y a fin de evitar que las partes puedan concluir operaciones en las que ha intervenido el mediador con posterioridad a la conclusión del contrato de mediación, es típico incluir en los contratos de mediación cláusulas por las cuales durante un determinados periodos de tiempo el mediador tenga derecho a la percepción de determinadas comisiones si se realizan operaciones con determinados clientes que se deben identificar a la conclusión del contrato de mediación (algo similar a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo del contrato de agencia). La cuestión que cabría plantearse, a la luz de la doctrina de esta sentencia, es la licitud de estas cláusulas post-extinción del contrato en los casos de mediacion. 


jueves, 2 de octubre de 2014

Otra sentencia del Supremo sobre el aval a primer requerimiento. ST TS de 17 julio de 2014

Como complemento a las anteriores entradas que hemos hecho sobre el aval a primer requerimiento, dejamos reseñada una reciente sentencia del Supremo que recopila la doctrina de esta sala sobre la abstracción y la independencia de este tipo de garantías [ST TS 17 de 17 de julio de 2014]. 
En el caso enjuiciado, el deudor-avalado pretende que se suspenda el pago del aval por divergencias en la relación comercial que éste tiene con el beneficiario de la garantía. El Tribunal le recuerda que: 
De lo anterior se desprende que la suspensión de la ejecución de este tipo de avales a solicitud del deudor y como consecuencia de una controversia surgida en el contrato principal, es contraria a su naturaleza jurídica puesto que desconoce su carácter autónomo, independiente, distinto y no accesorio, como se deduce de la doctrina jurisprudencial señalada. Una confrontación surgida en relación con el contrato principal no puede dar lugar a la ineficacia de la garantía, de tal forma que se convierta ésta en accesoria, desnaturalizándose su verdadera función y quedando eliminada su especialidad.

Otras entradas sobre la materia: 





miércoles, 4 de junio de 2014

Rescisión de las garantías "intragrupo" y procedimiento concursal. ST del TS de 30 de abril de 2014

La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2014 ha abordado una materia de indudable interés casacional y de gran trascendencia práctica. La sentencia trata esencialmente de la virtualidad de las acciones rescisorias previstas en el artículo 71 LC en relación a las garantías prestada entre sociedades de un grupo, bien de la matriz a favor de las filiares o de las filiales entre sí o a favor de la matriz. 
El supuesto enjuiciado puede resumirse de la siguiente forma: una sociedad (sociedad A) constituyó garantía hipotecaria a favor de otra sociedad perteneciente a su grupo (sociedad B) en garantía de deuda que ésta última había contraído con una entidad de crédito. La primera (sociedad A) posteriormente es declarada en concurso, y los administradores concursales incoan el correspondiente incidente concursal solicitando la nulidad de la hipoteca que la sociedad A, hoy concursada, había prestado a favor de la sociedad B, y todo ello por tratarse de uno de los supuestos de rescisión de negocios jurídicos previstos en el articulo 71 LC. El juzgado de lo mercantil estima la demanda que es, a su vez, confirmada por la Audiencia Provincial. Se interpone, por parte de la entidad de crédito, recurso de casación por infracción procesal (art.217 LEC) y recurso de casación por motivos de fondo (Art. 71 LC). El Tribunal declara ajustada a derecho la sentencia que rescinde la operación por considerarla perjudicial para la concursada por haberse probado el perjuicio patrimonial. 
Varias cuestiones son dignas de reseña. En primer lugar, se plantea el cómo debe calificarse, como gratuita u onerosa a los efectos del art. 71 LC,  la operación consistente en prestación de una garantía a favor de otra sociedad del grupo:
Aunque con carácter general afirmó que las garantías intragrupo no son gratuitas, en relación al ejercicio de la acción rescisoria concursal precisó que hay que distinguir la constitución de garantías reales por parte de la sociedad matriz por deudas de sus filiales, en las que sería aplicable la anterior consideración, de la garantía prestada por una filial a favor de la matriz o de otra filial del grupo (esto es, entre sociedades "hermanas"), en los que debe presumirse el carácter gratuito salvo que la sociedad que constituye la garantía reciba algún tipo de contraprestación, pues desde la perspectiva de los acreedores de la declarada en concurso nada aporta que la garantía haya beneficiado al grupo. Al tratarse en este caso de "sociedades hermanas", según afirma la sentencia, se trataría de un acto gratuito en el que sería aplicable la presunción de perjuicio.
Pero, añade la sentencia de primera instancia, al intervenir un tercero que presta el dinero y a cambio recibe una garantía, respecto de este tercero no puede extenderse la presunción de gratuidad. Ello no obsta al carácter perjudicial del acto para la masa activa, pues el patrimonio de la concursada se vio minorado por causa de la carga hipotecaria sin recibir a cambio beneficio alguno. Y CAIXA CATALUNYA, dice el juzgado, participa de culpa en la causación de tal perjuicio («no es "inocente"», dice textualmente la sentencia) pues prestó dinero a una sociedad que llevaba años sin depositar las cuentas en el Registro Mercantil y el último año que lo hizo estaba incursa en causa de disolución, consiguiendo la garantía de otra sociedad que en nada se beneficiaba de tal operación, que perjudicaba a sus acreedores que en el concurso veían como uno de los principales activos servían para satisfacer el crédito a un acreedor ajeno a la concursada.
La entidad de crédito alega que el juzgado ha considerado gratuita, entre sociedades, la prestación de la garantía, y la Sala contesta que esta circunstancia es intrascendente porque ha quedado probado, en el curso del procedimiento, el perjuicio patrimonial: 

1.- El demandante que ejercita la acción rescisoria concursal queda relevado de la carga de la prueba del perjuicio patrimonial tanto si se considera gratuito el acto cuya rescisión se pide como si se considera de carácter oneroso cuando ha sido realizado con una persona especialmente relacionada con el deudor concursado. La única diferencia es que mientras que en el primer caso no cabría prueba en contrario, en el segundo sí cabría. Pero, en uno y otro caso, no podría objetarse que se hubiera relevado al demandante de la carga de la prueba del perjuicio patrimonial.
2.- Sería por tanto intrascendente si, tal como denuncia la recurrente, se hubiera rescindido la hipoteca sin que se hubiera practicado prueba sobre el perjuicio patrimonial sufrido por la concursada, puesto que tanto en uno como en otro caso el perjuicio se presumiría, en un caso "iuris et de iure" [del derecho y de derecho, es decir, no susceptible de prueba en contrario], y en el otro "iuris tantum" [solo del derecho, es decir, susceptible de prueba en contrario].
Pero en este caso, la afirmación de la recurrente no solo es irrelevante, sino que además es incorrecta, puesto que la sentencia recurrida ha considerado acreditado el perjuicio, que habría consistido en haber gravado con una hipoteca el principal bien del patrimonio de la concursada, la nave industrial donde desarrollaba su actividad, para garantizar una deuda ajena, de una sociedad que se encontraba en una pésima situación financiera, sin haber recibido contraprestación alguna.

Y relación a la existencia de perjuicio patrimonial el Tribunal considera que no pueden invocarse conceptos genéricos como el "interés de grupo" para excluir la existencia de un perjuicio, hay que probar aunque sea una atribución patrimonial indirecta para justificar el beneficio de la operación para la concursada y evitar su rescindibilidad: 
Para decidir si ha existido un sacrificio injustificado del patrimonio del garante, que posteriormente, tras la declaración de concurso, constituirá la masa activa de dicho concurso, ha de examinarse únicamente si ha existido algún tipo de atribución o beneficio en el patrimonio del garante, que justifique razonablemente la prestación de la garantía.
No ha de ser necesariamente una atribución patrimonial directa como pudiera ser el pago de una prima o precio por la constitución de la garantía. Puede ser un beneficio patrimonial indirecto.
 En las garantías contextuales intragrupo puede considerarse excluida la existencia de perjuicio patrimonial si existe una atribución patrimonial, siquiera indirecta, a favor de la sociedad garante, de una entidad suficiente para justificar la prestación de la garantía.
Pero la simple existencia de un grupo de sociedades no es por si sola justificativa de la existencia de esa atribución o beneficio patrimonial que excluya el perjuicio en la constitución de la garantía. No basta, pues, la invocación en abstracto del "interés de grupo" para excluir la existencia de perjuicio en la constitución de una garantía intragrupo, es preciso concretar y justificar el beneficio económico obtenido por el garante. Es más, en ocasiones, algunos resultados provechosos para el "interés del grupo" pueden lograrse a costa de sacrificar los intereses objetivos de una o varias de las sociedades consorciadas, lo que los acreedores de estas no están obligados a soportar.
Cada una de las sociedades integradas en el grupo tiene una personalidad jurídica, y un patrimonio, independiente de las demás, que constituye un centro de imputación individualizado de relaciones jurídicas.
El grupo de sociedades, como tal, carece de personalidad jurídica propia, y por tanto de un patrimonio propio.
Cada sociedad es exclusiva titular de su propio patrimonio, que responde de sus obligaciones. No existe un "patrimonio de grupo", ni un principio de comunicabilidad de responsabilidades entre los distintos patrimonios de las distintas sociedades por el mero hecho de estar integradas en un grupo, sin perjuicio de situaciones excepcionales de confusión de patrimonios, o que justifiquen de otro modo el levantamiento del velo. No puede aceptarse por tanto la afirmación de la recurrente de que no existe perjuicio para la masa porque el grupo societario de la concursada y, por ende, la concursada, han percibido una cuantiosa suma de dinero por los préstamos con relación a los cuales se constituyeron las hipotecas. El dinero lo ha recibido la otra sociedad. No lo ha recibido "el grupo", que carece de personalidad como tal, ni la concursada, que se limitó a hipotecar su nave industrial para garantizar el préstamo concedido a la otra sociedad, y las sentencias de instancia consideran probado que la concursada no recibió contraprestación alguna, pues tales préstamos no sirvieron siquiera para que la prestataria saldara la deuda que mantenía con la garante, la posteriormente declarada en concurso.
Por otra parte, sería un contrasentido que la misma circunstancia que sirve de fundamento a la presunción "iuris tantum" de perjuicio, como es el carácter "intragrupo" de la garantía prestada, sea la que excluya la existencia de perjuicio por entender que el mero interés de grupo lo excluye.

En conclusión: en el caso de ejercitarse acciones de rescisión de garantías prestadas por la concursada a favor de sociedades de su grupo, cobra especial interés al prueba el perjuicio patrimonial y de los eventuales befeneficios que haya podido percibir la concursada por razón de la garantía.


CASOS Y MATERIALES (39): Plazo para el ejercicio del derecho de preferencia. RDGRN de 26 de febrero de 2014.

SUPUESTO: Se acuerda por la Junta General de una sociedad de responsabilidad limitada el aumento de capital social publicándose la correspondiente convocatoria (en la que existe una discrepancia en relación a la cifra de capital, pues en al convocatoria se había hecho constar que el aumento era 100.000.-€ y delegando en el órgano de administración la ejecución del acuerdo. En la sociedad había tres socios, y a la junta concurren dos de ellos (que representan un 54,54% del capital social) quienes acuerdan la ampliación, aunque unos de ellos posteriormente decide no ejercitar su derecho de preferencia. Al socio ausente se le notifica (mediante carga con asuse de recibo) el acuerdo social otorgándole plazo de un mes desde la recepción para que ,en el ejercicio del derecho de preferencia pueda ingresar las correspondientes cantidades. 

La reciente Resolución de la DGRN de 26 de febrero de 2014 ha resuelto la cuestión planteada en el sentido de revocar la calificación del Registrador, y ello, porque parte de una concepción antiformalista de las garantías que la ley prevé para el ejercicio de los derechos del socio, pues de los hechos se desprende que el socio no ejercitó el derecho de preferencia por voluntad propia y no por ninguna irregularidad formal. Expone la Dirección General:
De este modo en ocasiones esta Dirección General ha afirmado que, debido a los  efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales pueden orillarse  siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del  accionista (Resolución de 8 de febrero de 2012). Desde este punto de vista se ha  impuesto en casos concretos la consideración de que es preciso mantener los actos  jurídicos que no sean patentemente nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin  presiones formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites  que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las  empresas.

miércoles, 21 de mayo de 2014

El certificado de tasación en la hipotecas entre particulares: RDGRN de 31 de marzo de 2014

Ya tuvimos ocasión de comentar en anterior entrada algunas de las novedades que la ley 1/2003 introducía en materia de tasaciones hipotecarias. La reciente Resolución del a DGRN de 31 de marzo de 2014  ha confirmado  la calificación de un Registrador que deniega la inscripción de hipoteca entre particulares porque la tasación incorporada a la misma no había sido realizada por tasador oficial. el recurrente alega que se trata de una hipoteca entre particulares y no es aplicable la legislación del mercado hipotecario. No obstante la Dirección General explica: : 
Sentado que es exigible el certificado de tasación en el caso que motiva este  recurso, ahora se trata de determinar, si es suficiente el certificado expedido por el  ingeniero técnico agrícola que no es entidad homologada para la realización de los  certificados en los términos de la Ley 2/1981. La citada Ley 1/2013, de 14 de mayo, impone, para toda hipoteca ya se destine o no a  servir de cobertura a una emisión de títulos hipotecarios, como requisito legal para poder  ejercitar la acción real hipotecaria por la vía del procedimiento de ejecución directa o de la  venta extrajudicial, la doble condición de que la finca haya sido previamente tasada  conforme a la Ley reguladora del mercando hipotecario y que el valor de tasación a los  efectos de la subasta no sea inferior al setenta y cinco por ciento de la realizada conforme  a la citada legislación. A tal fin, su artículo 7 da nueva redacción al artículo 682.2,  número 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el mismo sentido se modifica el  artículo 129 de la Ley Hipotecaria en la forma anteriormente expresada. Pero es que  además, conforme se ha fundamentado, esta normativa es aplicable con independencia  de los sujetos y de la naturaleza del bien hipotecado y el certificado debe ser expedido  por las entidades homologadas conforme la regulación de la Ley 2/1981 en relación con  los términos del Real Decreto 775/1997 y del Real Decreto 716/2009. En consecuencia,  se deben confirmar los dos primeros defectos de la nota de calificación.
Conclusión: el certificado de tasación que se incorpore a las escritura de hipoteca debe haber sido expedido por entidad acreditada, y ello con independencia de los sujetos que constituyan la hipoteca, sean entidades de crédito o particulares.